La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentó este miércoles un balance sobre las agresiones dirigidas al gremio periodístico en México, alertando sobre la implementación de medidas administrativas que contravienen el artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Durante una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora desglosó las cifras oficiales recabadas por organizaciones internacionales. Detalló que en los primeros ocho meses del año 2026 la organización Reporteros Sin Fronteras ha contabilizado siete homicidios de comunicadores en el territorio nacional, manteniendo un promedio constante de un asesinato por mes.
Asimismo, López Rabadán citó los registros de la organización civil ARTICLE 19 correspondientes al ejercicio fiscal 2024, periodo en el cual se contabilizaron 639 ataques directos contra trabajadores de los medios de comunicación en el país. Este volumen de incidencias equivale a una agresión documentada cada 14 horas dentro del espacio nacional.
La representante parlamentaria advirtió que diversas entidades federativas han comenzado a promover padrones, registros obligatorios y mecanismos de clasificación institucional para determinar de forma discrecional quién puede ostentar la calidad de periodista. Explicó que tales disposiciones estatales vulneran el principio amplio federal que prohíbe exigir título profesional, esquemas específicos de remuneración o acreditación de periodicidad para ejercer el oficio.
En su desglose normativo, la diputada subrayó que condicionar el carácter de comunicador a la aprobación de una autoridad gubernamental amenaza con marginar a profesionales independientes de los mecanismos públicos de protección y medidas de medidas cautelares en situaciones de alto riesgo.
La presidenta del órgano de gobierno en la Cámara Alta señaló que el debilitamiento de los organismos de acceso a la información y la falta de transparencia pública incrementan el impacto de las acusaciones verbales emitidas desde las tribunas oficiales, generando incentivos para el aumento de la autocensura.
El informe presentado concluyó con un emplazamiento a las instituciones del Estado mexicano para destinar recursos presupuestales y capacidades operativas a la prevención de delitos contra la libertad de expresión, en lugar de instrumentar controles administrativos o descalificaciones sistemáticas contra las investigaciones sobre fondos públicos.