Investigaciones periodísticas sobre la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) revelan que la organización ha consolidado un modelo de operación empresarial con presencia activa en las 32 entidades federativas de México y en más de 40 países. La publicación del libro El día que cayó el Mencho, del periodista José Luis Montenegro, expone cómo la agrupación criminal evolucionó de un esquema tradicional de narcotráfico a un entramado diversificado de extorsión, control territorial y blanqueo de capitales a escala internacional.
El análisis documenta que el CJNG opera bajo un esquema denominado «narco holding» o sistema de franquicias criminales, extendiendo sus cobros ilícitos hacia sectores económicos no vinculados originalmente con el tráfico de drogas. Entre los giros intervenidos destacan el cobro de cuotas a empresas mineras, la imposición de tarifas por servicios locales de agua potable e internet, así como la captación irregular de ingresos mediante la distribución no regulada de máquinas tragamonedas en comercios locales.
Un componente clave en el crecimiento patrimonial de la organización radica en la estructura financiera encabezada por Abigael González Valencia, operador del grupo conocido como Los Cuinis. De acuerdo con la información expuesta en W Radio México, esta división funcionó como un centro de blanqueo de activos que prestó servicios de ocultamiento de capitales no solo a la cúpula jalisciense, sino también a otras facciones delictivas en Sinaloa y Michoacán.
El perfil operativo del fundador Rubén Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», registra un paso previo por los cuerpos de seguridad municipal en los ayuntamientos de Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco. Esta trayectoria en corporaciones locales le permitió identificar los vacíos de fiscalización y las dinámicas internas de los mandos policiales, conocimiento que posteriormente utilizó para estructurar redes de protección institucional y blindaje territorial en los municipios donde estableció centros de mando.
Las investigaciones reconstruyen además la etapa formativa del líder criminal durante su adscripción al Cártel del Milenio y su posterior inserción en el tráfico transfronterizo de estupefacientes en Estados Unidos. Testimonios judiciales recabados en tribunales norteamericanos dan cuenta de los primeros vínculos operativos entre mandos medios jaliscienses y distribuidores internacionales, previos a la consolidación del CJNG como una estructura independiente tras la fragmentación de otros grupos hegemónicos en el occidente del país.
En el ámbito comunitario, la presión ejercida por los grupos armados se manifiesta en esquemas sistematizados de cobro de piso hacia pequeños comerciantes y prestadores de servicios urbanos. Testimonios recogidos en la región de la Sierra de Amula y el sur de Jalisco indican que las cuotas se administran mediante canales digitales de mensajería y pagos en efectivo no contabilizados, fijando montos periódicos bajo amenaza de despojo o agresiones directas contra los establecimientos.
Pese a las acciones gubernamentales y los operativos de neutralización de mandos principales, la estructura organizativa mantiene un esquema de relevos estratégicos para garantizar la continuidad de sus operaciones. Reportes de inteligencia identifican a figuras operativas como Juan Carlos Valencia González, alias «El 03», así como a Julio Alberto Castillo y Gonzalo Mendoza Gaitán, alias «El Sapo», en la coordinación de plazas regionales y en la supervisión de las finanzas del grupo.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han señalado que el impacto del conflicto armado se traduce en desplazamiento forzado interno, agresiones a comunidades rurales y pérdida del patrimonio familiar. Diversos sectores enfatizan la urgencia de fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera y el control sobre las corporaciones de seguridad municipal para desarticular las redes de complicidad que facilitan el flujo de recursos ilícitos en las economías locales.
El seguimiento a los procesos judiciales vigentes en México y Estados Unidos contra los operadores financieros del grupo determinará el alcance de las medidas de aseguramiento de bienes y extinción de dominio. De cara a los próximos procesos electorales locales y federales, autoridades de fiscalización electoral y corporaciones federales mantienen esquemas de vigilancia para prevenir la infiltración de capitales ilícitos en las administraciones municipales del país.