El deterioro ambiental, la presión urbana y la transformación de espacios tradicionales de Xochimilco llevaron al Congreso de la Ciudad de México a discutir una iniciativa que busca elevar la protección de este territorio a rango constitucional. La propuesta fue presentada por la diputada Erika Lizeth Rosales Medina, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT).
Durante la sesión plenaria de la Comisión Permanente del pasado 26 de agosto, la Mesa Directiva dio a conocer la iniciativa que propone reformar el Artículo 18 de la Constitución Política de la Ciudad de México. El planteamiento busca incorporar disposiciones específicas para la protección, conservación y gestión integral de Xochimilco como patrimonio mundial.
De acuerdo con el documento legislativo, la propuesta contempla adicionar dos párrafos al Numeral 2 del Apartado B del Artículo 18 de la Carta Magna capitalina. Con ello, se pretende establecer una obligación constitucional permanente para las autoridades locales en materia de conservación del territorio y su patrimonio.
La legisladora sostiene que Xochimilco ya cuenta con mecanismos de protección derivados de su reconocimiento patrimonial, legislación especializada y estructuras administrativas vinculadas con su conservación. Sin embargo, advierte que actualmente no existe una autoridad especializada cuya permanencia esté garantizada directamente por la Constitución local.
El argumento central de la iniciativa es que el reconocimiento de Xochimilco como patrimonio mundial, por sí mismo, no resulta suficiente para detener los procesos de deterioro. La propuesta plantea que la protección efectiva requiere políticas públicas de largo plazo, presupuesto suficiente, vigilancia y mecanismos de gestión capaces de responder a las condiciones específicas de la zona.
La iniciativa también pone el foco en la presión urbana que enfrenta Xochimilco y en los efectos que ésta puede generar sobre su patrimonio ambiental, cultural y territorial. Desde esta perspectiva, el reto no se limita a conservar determinados espacios, sino a garantizar la permanencia de las condiciones que dan valor al territorio y a sus formas tradicionales de vida.
En el documento, Rosales Medina plantea que la conservación debe convertirse en una responsabilidad permanente de las autoridades capitalinas y no depender exclusivamente de programas o acciones administrativas de corto plazo. El planteamiento busca, además, que la protección constitucional genere mayor continuidad institucional frente a los cambios de administración.
El debate legislativo deberá determinar ahora si la reforma propuesta puede traducirse en instrumentos concretos de protección y gestión. El alcance de la iniciativa dependerá no sólo de su eventual aprobación, sino también de la definición de responsabilidades institucionales, recursos presupuestales y mecanismos de vigilancia que permitan convertir la protección constitucional en acciones verificables.
La propuesta fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Derechos Culturales, donde será analizada y, en su caso, dictaminada. El proceso legislativo permitirá evaluar la viabilidad jurídica y administrativa de incorporar nuevas obligaciones para la protección de Xochimilco.
La discusión ocurre en un contexto en el que la conservación del patrimonio de Xochimilco representa un desafío que combina dimensiones ambientales, urbanas y culturales. Por ello, el eventual blindaje constitucional deberá acompañarse de políticas públicas sostenidas y mecanismos de cumplimiento que permitan preservar este territorio para las próximas generaciones.
Fuente: Congreso de la Ciudad de México.