Con 44 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas para prohibir la interpretación y reproducción de narcocorridos y cualquier contenido que haga apología del delito en espectáculos públicos, escuelas y eventos organizados por el gobierno capitalino. La medida, impulsada bajo el argumento de proteger a niñas, niños y adolescentes de la normalización de la violencia, abre también un debate sobre los límites entre prevención social, censura y libertad de expresión.
La reforma, avalada el 26 de mayo de 2026, modifica la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Con ello, las autoridades podrán suspender de manera inmediata conciertos, festivales o presentaciones donde se interpreten canciones que exalten actividades delictivas, tráfico de drogas o uso de armas.
De acuerdo con el dictamen aprobado por el Congreso capitalino, la restricción aplicará en espacios públicos autorizados por el gobierno, planteles educativos, festivales infantiles y eventos patrocinados o respaldados por la administración local. Además, las instituciones educativas deberán supervisar que no se difundan contenidos contrarios a la denominada “cultura de paz”.
Legisladores que respaldaron la iniciativa señalaron que el objetivo principal es evitar que menores de edad normalicen la narcocultura y los mensajes vinculados con organizaciones criminales. Argumentaron que este tipo de contenidos musicales pueden influir en la percepción social de la violencia y presentar actividades ilícitas como modelos aspiracionales.
Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas en derechos culturales han advertido que la redacción de la reforma podría abrir espacios para interpretaciones discrecionales sobre qué constituye apología del delito. Aunque el Congreso capitalino sostuvo que la medida no busca censurar expresiones artísticas, críticos consideran que el criterio podría utilizarse para limitar contenidos musicales incómodos o polémicos.
La discusión ocurre en un contexto nacional donde al menos diez estados del país ya han implementado restricciones similares en eventos públicos. En entidades como Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Estado de México se han aplicado medidas para limitar la difusión de narcocorridos, particularmente en ferias, conciertos masivos y espectáculos financiados con recursos públicos.
El Congreso de la Ciudad de México defendió que la reforma se sustenta en principios de prevención social y protección integral de menores, establecidos en la Constitución capitalina y en tratados internacionales sobre derechos de la infancia. No obstante, expertos constitucionalistas han señalado que cualquier restricción a expresiones artísticas deberá superar pruebas de proporcionalidad y evitar violaciones a la libertad de expresión garantizada en la Constitución federal.
La reforma entrará en vigor una vez publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. A partir de entonces, autoridades administrativas podrán ordenar la suspensión inmediata de espectáculos donde se considere que existe apología del delito, lo que anticipa posibles controversias legales entre organizadores de eventos, artistas y el gobierno capitalino.
Fuentes institucionales: Congreso de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la CDMX, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX