Durante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada reconoció particularmente el trabajo de Kenya Cuevas, activista trans y amiga de Paola, así como el de los colectivos que impulsaron cambios legales para que el transfeminicidio fuera incorporado al marco jurídico de la capital. La tipificación del delito fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México en julio de 2024 mediante la denominada Ley Paola Buenrostro.
La mandataria señaló que el caso de Paola tuvo que ser reclasificado como feminicidio agravado debido a que, cuando ocurrieron los hechos, el transfeminicidio todavía no estaba reconocido como delito en la legislación capitalina. De acuerdo con información institucional, una jueza de control aceptó la reclasificación solicitada por el Ministerio Público y vinculó a proceso a Arturo “N”, señalado como presunto responsable del asesinato ocurrido en septiembre de 2016.
Brugada Molina sostuvo que, aunque la resolución judicial representa un avance, la denominación jurídica alcanzada en este caso no corresponde todavía al tipo penal de transfeminicidio. Por ello, el proceso constituye también un recordatorio de los obstáculos que enfrentaron las víctimas trans antes de que la legislación reconociera de manera específica este tipo de violencia.
En este contexto, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reconoció la participación de Kenya Cuevas y de los movimientos sociales que impulsaron la modificación legal. La funcionaria afirmó que la Fiscalía mantendrá abierta la investigación y dará seguimiento al proceso hasta alcanzar una acusación y, en su caso, una sentencia condenatoria.
Alcalde Luján explicó que inicialmente se había obtenido una orden de aprehensión por homicidio con calificativa por razón de género, circunstancia que limitaba las posibilidades jurídicas de la Fiscalía para imputar el delito conforme a la legislación vigente en aquel momento. Posteriormente, con la evolución del marco jurídico y los nuevos elementos considerados por las autoridades, el caso avanzó hacia su reclasificación como feminicidio agravado.
La fiscal también informó que durante 2025 se registraron tres casos de transfeminicidio denunciados en la capital y que en 2026 se han contabilizado otros dos. De acuerdo con la funcionaria, en estos expedientes se han obtenido detenciones y judicializaciones, lo que, sostuvo, refleja que este tipo de delitos se encuentra entre las prioridades de investigación de la institución, junto con los homicidios y feminicidios.
Los avances, sin embargo, plantean un desafío que va más allá de la detención de presuntos responsables: garantizar que las investigaciones incorporen desde el inicio una perspectiva de género y de identidad de género, eviten la revictimización y permitan que los casos sean procesados bajo las figuras jurídicas correspondientes. La propia evolución del expediente de Paola evidencia las dificultades que pueden surgir cuando un crimen ocurre antes de que exista un reconocimiento legal específico.
Brugada añadió que buscará reunirse con Kenya Cuevas para analizar la posibilidad de ampliar el Mausoleo Tiresias, ubicado en el Panteón de San Lorenzo Tezonco, debido a que el espacio destinado a los restos de personas trans no reclamadas se encuentra cerca de alcanzar su capacidad. La mandataria planteó la construcción de un nuevo espacio que permita garantizar un destino digno para quienes no cuentan con familiares que reclamen sus restos.
El caso Paola Buenrostro se mantiene así como un referente de la lucha por los derechos de las personas trans en la Ciudad de México. La detención de un presunto responsable después de casi 10 años representa un avance en materia de acceso a la justicia, pero también coloca bajo escrutinio la capacidad institucional para evitar que los procesos se prolonguen durante años y para convertir las reformas legales en resultados efectivos para las víctimas y sus familias sociales.