Ciudad de México.– La detención de Ernesto Ruffo se convirtió en un nuevo foco de confrontación política entre la oposición y el gobierno federal. Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) y la organización política Somos México denunciaron un presunto uso político de las instituciones de justicia y calificaron el caso como una «cortina de humo», la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la captura forma parte de una investigación por delincuencia organizada y huachicol fiscal que habría ocasionado un daño al erario estimado en 4 mil millones de pesos.
El PAN afirmó que el proceso judicial debe conducirse con estricto apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto de los derechos fundamentales del exfuncionario. En un posicionamiento público, el partido sostuvo que la actuación de las autoridades no debe estar influida por intereses políticos ni utilizarse para enviar mensajes de carácter partidista.
Por su parte, Somos México exigió la liberación inmediata de Ernesto Ruffo, al considerar que su detención constituye un «inaudito atropello» y un acto presuntamente ilegal. La organización defendió la trayectoria pública del exgobernador y rechazó que se le presente como integrante de una red dedicada al contrabando de combustibles sin que exista una resolución judicial definitiva.
Ambas fuerzas políticas también cuestionaron el momento en que ocurrió la detención y plantearon que podría estar siendo utilizada para desviar la atención de otros asuntos de la agenda nacional, entre ellos la situación de seguridad en Sinaloa y los cuestionamientos dirigidos al gobernador Rubén Rocha Moya. No obstante, dichas afirmaciones corresponden a posicionamientos políticos y no han sido acreditadas por autoridades judiciales.
En contraste, la Fiscalía General de la República mantiene que el caso deriva de una investigación penal relacionada con una presunta red dedicada al denominado huachicol fiscal, esquema mediante el cual se introducirían combustibles al país mediante maniobras para evadir el pago de impuestos. De acuerdo con la autoridad ministerial, las indagatorias también contemplan posibles delitos de delincuencia organizada y operaciones ilícitas vinculadas con el comercio de hidrocarburos.
La FGR ha señalado que las investigaciones buscan esclarecer la participación de diversas personas presuntamente relacionadas con esta estructura y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Hasta el momento, el proceso continúa en curso y serán las autoridades jurisdiccionales quienes definan la situación legal de los implicados conforme avance el procedimiento.
El caso reaviva el debate sobre la imparcialidad en la procuración de justicia en México. Mientras sectores de la oposición sostienen que existe una aplicación selectiva de la ley contra adversarios políticos, el gobierno federal ha insistido en que las investigaciones se desarrollan con base en elementos de prueba y sin distingos partidistas.
Especialistas han señalado que este tipo de procesos suele tener un impacto político significativo debido al perfil público de los involucrados. Sin embargo, también recuerdan que la presunción de inocencia permanece vigente hasta que exista una sentencia firme, principio reconocido por la Constitución y por el sistema penal acusatorio mexicano.