El diputado federal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, promovió una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, según la copia del documento compartida este viernes.
La primera hoja del escrito está dirigida a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y muestra un sello visible de recibido con fecha del 12 de junio de 2026. La presentación de la solicitud abre una ruta institucional, pero no implica que las responsabilidades señaladas hayan sido acreditadas.
El documento incorpora acusaciones relacionadas con la elección local del 7 de junio. Entre los señalamientos difundidos por Mejía se encuentran un presunto esquema de compra de votos mediante códigos QR, posibles actos de intimidación y cuestionamientos sobre la actuación de autoridades estatales.
La elección renovó las 25 diputaciones del Congreso de Coahuila: 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. El INE fijó del 10 al 14 de junio el periodo para los cómputos distritales.
Tras la captura total de actas en el PREP, la alianza PRI-UDC acumuló 684 mil 515 votos, equivalentes al 55%, y encabezó los 16 distritos de mayoría relativa. Morena y el PT obtuvieron 326 mil 012 votos, el 26%, sin ganar alguno de esos distritos.
La controversia comenzó desde el cierre de las casillas. Morena denunció públicamente un presunto mecanismo de compra de votos con códigos QR y anunció acciones ante el Instituto Electoral de Coahuila y otras instancias. Los videos y materiales difundidos en redes sociales no habían sido verificados de manera independiente al cierre de los primeros reportes.
Un análisis periodístico de los datos preliminares también identificó al menos 30 casillas con una participación superior al 100% al comparar el padrón con los votos registrados en las actas del PREP. Las anomalías deben ser revisadas por las autoridades competentes y no constituyen por sí mismas una acreditación de fraude electoral.
Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado una respuesta específica del gobernador, del fiscal o del PRI a la solicitud de juicio político. Tampoco se había informado públicamente sobre la etapa parlamentaria que seguirá el expediente.