El llamado ocurre cuando el organismo electoral formalizó el inicio del proceso que culminará el 6 de junio de 2027, jornada en la que se elegirán 286 cargos públicos: 16 titularidades de alcaldías, 204 concejalías y 66 diputaciones del Congreso de la Ciudad de México. De estas últimas, 33 serán electas por mayoría relativa, una corresponderá a la Diputación Migrante y 32 serán asignadas mediante representación proporcional.
Durante la sesión del Consejo General, representantes de fuerzas opositoras cuestionaron actuaciones del instituto relacionadas con la integración de la actual Legislatura y advirtieron que las decisiones que tome la autoridad electoral durante el nuevo proceso tendrán consecuencias directas sobre la composición del poder público. El señalamiento central es que las reglas deben aplicarse sin beneficiar, directa o indirectamente, a ninguna fuerza política.
La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, hizo referencia particularmente a la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada después de la elección de 2024. De acuerdo con su planteamiento, siete diputaciones electas por mayoría relativa solicitaron ser contabilizadas en grupos parlamentarios distintos al partido con el que obtuvieron el triunfo, situación que fue considerada por el IECM al momento de realizar la asignación de curules plurinominales.
El propio IECM confirmó en junio de 2024 que recibió siete escritos de personas diputadas electas por mayoría relativa en los que solicitaron que se respetara su derecho a elegir el grupo parlamentario al que se integrarían. El Consejo General aprobó, después de discusión y por mayoría de votos, una modificación al proyecto de asignación de diputaciones de representación proporcional.
La controversia adquiere relevancia porque la representación proporcional no se determina únicamente a partir del número de triunfos de mayoría relativa. El IECM explica que la asignación considera una fórmula establecida en la legislación electoral local, que toma en cuenta elementos como la votación total y válida, la sobrerrepresentación y la subrepresentación, además de las listas de candidaturas registradas por los partidos.
Frente a los cuestionamientos, PAN, PRD y Somos CDMX exigieron que el árbitro electoral preserve su autonomía y actúe bajo criterios verificables de legalidad y equidad. El reclamo plantea uno de los principales retos institucionales del proceso: que las decisiones técnicas y jurídicas del IECM sean suficientemente transparentes para evitar que su aplicación sea interpretada como una ventaja para determinada fuerza política.
El instituto, por su parte, aprobó el 7 de septiembre los Lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, con disposiciones sobre el uso de recursos públicos, programas sociales, propaganda gubernamental y colocación de propaganda electoral en mobiliario y equipamiento urbano. Estas reglas buscan establecer límites para impedir que recursos o acciones gubernamentales sean utilizados para influir en las preferencias electorales.
Los lineamientos también adquieren importancia ante la cercanía de las etapas de precampaña y campaña, pues obligan a autoridades, partidos y demás sujetos regulados a sujetarse a disposiciones específicas. En este contexto, el desafío para el IECM no será únicamente organizar la elección, sino acreditar que sus decisiones pueden resistir el escrutinio de partidos, candidaturas y ciudadanía.
El calendario electoral contempla distintas etapas, desde la preparación y registro de candidaturas hasta la jornada electoral, los cómputos y la declaración de validez. El IECM estableció como fecha de votación el 6 de junio de 2027, mientras que las precampañas para diputaciones y alcaldías están previstas para comenzar el 5 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario referido para el proceso.
La disputa política que acompaña el inicio del proceso evidencia que la confianza en la autoridad electoral será uno de los factores determinantes de los comicios. Para el IECM, el reto será convertir los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad establecidos en la norma en decisiones consistentes, documentadas y transparentes. Para los partidos, corresponderá utilizar las vías institucionales de impugnación y vigilancia cuando consideren que alguna determinación afecta sus derechos.
Así, la elección de 2027 comienza no sólo con la definición de un calendario y reglas operativas, sino también bajo el escrutinio de las fuerzas políticas. La capacidad del IECM para justificar sus decisiones y garantizar condiciones equitativas será puesta a prueba conforme avance el proceso, particularmente en temas sensibles como la asignación de representación proporcional, propaganda, recursos públicos y cumplimiento de las reglas electorales.