La polémica por el uso de Campo Marte escaló luego de que se conociera un oficio del INDAABIN en el que se establece el monto que deberá cubrir la parte interesada por la ocupación temporal del inmueble. De acuerdo con la determinación, el aprovechamiento de aproximadamente 40 mil metros cuadrados durante un periodo de 39 días tiene un valor de 46 millones 71 mil 827 pesos, cantidad cuya exigencia fue solicitada mediante el documento oficial.
El cálculo del pago se realizó después de que habitantes de la zona, agrupados en la organización La Voz de Polanco, impulsaran diversos recursos legales para cuestionar la realización del festival. La revisión del caso derivó en la valoración económica del uso del predio federal, un aspecto que inicialmente no contemplaba una contraprestación equivalente por la explotación comercial del espacio.
El conflicto comenzó desde mayo, cuando vecinos promovieron juicios de amparo argumentando posibles afectaciones relacionadas con la movilidad, la seguridad, la protección civil, el impacto urbano y el uso de suelo en la zona de Polanco. Los promoventes señalaron que un evento de gran magnitud podría generar consecuencias para los residentes y usuarios habituales del área.
Uno de los puntos que concentra la atención pública es que el recinto habría sido autorizado para un evento con fines comerciales sin que, en un primer momento, existiera un cobro determinado por su utilización. Posteriormente, la Secretaría de Hacienda, por conducto del INDAABIN, realizó el avalúo correspondiente y estableció el monto que, conforme a la normatividad aplicable, debe cubrirse por el aprovechamiento del bien nacional.
El caso también reabre el debate sobre los criterios bajo los cuales se autorizan eventos privados en instalaciones federales y los mecanismos para garantizar que el uso de bienes públicos genere las contraprestaciones previstas por la legislación. Especialistas han señalado que estos procedimientos deben sujetarse a principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de inmuebles estratégicos del Gobierno federal.
Hasta el momento, las autoridades federales no han informado públicamente si el monto determinado por el INDAABIN ya fue cubierto por los organizadores del evento ni si existen procedimientos administrativos adicionales derivados del caso. Tampoco se ha precisado si las impugnaciones promovidas por los vecinos modificarán las condiciones para la realización del festival.
El INDAABIN, organismo sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es la instancia responsable de administrar, valuar y determinar las contraprestaciones por el uso, aprovechamiento y ocupación de bienes inmuebles propiedad de la Federación, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de Bienes Nacionales. En ese marco, la fijación del cobro por Campo Marte coloca nuevamente bajo escrutinio la gestión del patrimonio público cuando es destinado a actividades de carácter comercial.