La movilidad en la Ciudad de México enfrenta un nuevo intento de reforma legislativa. El Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con la que busca sustituir el marco vigente y armonizarlo con la legislación federal, en un contexto marcado por el incremento de hechos de tránsito y la creciente exposición de motociclistas y otros usuarios vulnerables.
La propuesta fue presentada el 3 de septiembre por los diputados Federico Chávez Semerena y Andrés Atayde Rubiolo, durante una sesión ordinaria del Congreso capitalino. De acuerdo con el propio órgano legislativo, el planteamiento parte de la necesidad de actualizar una legislación local que, según los promoventes, corresponde a una realidad distinta a la actual, debido a la expansión de las motocicletas, la incorporación de vehículos eléctricos y los cambios en los patrones de desplazamiento.
Uno de los principales argumentos de la bancada panista es la siniestralidad vial. El Congreso de la Ciudad de México reportó que, durante el primer trimestre de 2026, 111 personas fallecieron en hechos de tránsito, de las cuales 51 eran motociclistas. Para los legisladores, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer la prevención, la regulación y los mecanismos institucionales de seguridad vial.
La iniciativa plantea un sistema integral que abarcaría infraestructura, transporte público, movilidad activa, gestión del tránsito, licencias, seguridad vial, atención a víctimas, información, educación y coordinación metropolitana. Con ello, el PAN pretende que la legislación deje de concentrarse únicamente en la circulación vehicular y establezca como prioridad la protección de la vida y la integridad de quienes utilizan las vialidades.
Entre las medidas anunciadas se encuentran reglas específicas para motociclistas, el uso de casco certificado y una acreditación efectiva de las capacidades necesarias para conducir. También se plantea establecer por ley límites de velocidad y controles de alcoholemia, además de fortalecer las herramientas para prevenir y sancionar conductas consideradas de riesgo.
El planteamiento también coloca sobre la mesa una discusión pendiente desde la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta legislación federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2022 y establece como objetivos garantizar el derecho a la movilidad bajo condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
La normativa federal establece además un enfoque de sistema seguro, en el que las personas ocupan el centro de las políticas públicas y se busca reducir las muertes y lesiones graves derivadas de siniestros viales. También contempla mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, incluidas las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
En ese sentido, la propuesta panista no sólo plantea modificar disposiciones aisladas, sino construir un nuevo ordenamiento que permita incorporar los principios y mecanismos establecidos en la legislación general. El propio Gobierno federal ha reconocido que la implementación de la Ley General requiere que las autoridades estatales y municipales armonicen sus criterios de gestión, operación y funcionamiento con sus disposiciones.
No obstante, el alcance definitivo de la reforma todavía dependerá del contenido integral de la iniciativa y de su discusión legislativa. El proyecto fue turnado a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso capitalino para su análisis y dictaminación, por lo que aún deberán revisarse sus implicaciones presupuestales, administrativas y regulatorias antes de determinar si existe consenso para su aprobación.
La discusión será relevante porque la capital ya cuenta con una Ley de Movilidad y en los últimos años se han presentado diversas propuestas para modificarla en asuntos como micromovilidad, motocicletas, transporte mediante plataformas digitales, ciclovías y seguridad en los servicios de pasajeros. El reto para el Congreso será evitar una reforma meramente declarativa y traducir los principios de seguridad vial en reglas aplicables, mecanismos de vigilancia y políticas públicas capaces de reducir efectivamente la siniestralidad.
La iniciativa del PAN coloca así nuevamente la movilidad en el centro de la agenda legislativa de la Ciudad de México. Más allá de la disputa entre bancadas, el debate deberá determinar si una nueva ley puede corregir vacíos regulatorios y responder a la transformación del sistema de transporte capitalino, particularmente para quienes enfrentan mayor riesgo en las calles.