El recuento publicado por Milenio documenta que, entre la noche del 5 de julio y el cierre del 8 de julio, se registraron al menos seis asesinatos de mujeres en distintas entidades del país. Entre los casos se encuentra el de Mónica Hernández, ocurrido en Puebla; el homicidio de una mujer en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México; el hallazgo de dos mujeres sin vida en el Estado de México, y el asesinato de una joven en la alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con el mismo medio, estos hechos representan un promedio de 1.92 mujeres asesinadas por día durante ese periodo. Aunque cada caso presenta circunstancias distintas y las investigaciones continúan, el recuento refleja la persistencia de la violencia letal contra las mujeres en diferentes regiones del país.
Las fiscalías estatales correspondientes han iniciado las carpetas de investigación para esclarecer cada uno de los hechos y determinar si los casos serán investigados bajo el protocolo de feminicidio o por otros delitos, conforme a las evidencias que se integren durante las investigaciones. En México, la legislación establece que toda muerte violenta de una mujer debe analizarse con perspectiva de género y bajo los protocolos especializados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el delito de feminicidio está tipificado en el Código Penal Federal cuando una mujer es privada de la vida por razones de género, y corresponde a las autoridades ministeriales reunir los elementos necesarios para acreditar este delito. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios para que las autoridades investiguen toda muerte violenta de mujeres con perspectiva de género.
Por su parte, la Secretaría de las Mujeres ha señalado que la prevención y atención de la violencia contra las mujeres requiere una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, así como el fortalecimiento de los mecanismos de protección, atención a víctimas y acceso efectivo a la justicia. La dependencia también impulsa acciones de prevención mediante programas de atención integral y políticas públicas enfocadas en la erradicación de la violencia de género.
Especialistas y organizaciones civiles han advertido que, más allá de los casos que alcanzan visibilidad pública, la violencia feminicida continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en México. Diversos informes oficiales muestran que las agresiones contra mujeres mantienen una incidencia significativa, por lo que insisten en la necesidad de mejorar las capacidades de investigación, sanción y prevención.
Las investigaciones sobre los casos ocurridos entre el 5 y el 8 de julio permanecen abiertas y serán las autoridades ministeriales quienes determinen las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, los hechos vuelven a colocar en la agenda pública la urgencia de garantizar una respuesta institucional eficaz para prevenir la violencia contra las mujeres y combatir la impunidad.