Ciudad de México, 26 de junio de 2026. A pesar del incremento histórico en el presupuesto destinado al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro durante los últimos dos años, las fallas operativas, el deterioro de la infraestructura y la insuficiencia de trenes en servicio continúan afectando diariamente a millones de usuarios. Si bien las autoridades han anunciado inversiones multimillonarias para modernización y mantenimiento, especialistas, reportes periodísticos y datos difundidos por representantes sindicales coinciden en que los resultados aún no se reflejan de manera uniforme en la operación del principal sistema de transporte público de la capital.
Durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, el Gobierno de la Ciudad de México reportó asignaciones presupuestales sin precedente para el STC Metro, con recursos destinados a la rehabilitación de líneas, adquisición de refacciones, modernización tecnológica y mantenimiento mayor. Entre las prioridades destacan proyectos en las Líneas 1, 2 y 3, así como trabajos para fortalecer la infraestructura y mejorar la seguridad operativa, de acuerdo con información publicada por el Gobierno capitalino, la Secretaría de Administración y Finanzas y el propio STC Metro.
Sin embargo, pese a estas inversiones, continúan registrándose interrupciones del servicio, retrasos por fallas técnicas y reducción de velocidad en diversos tramos de la red. Información difundida en medios de comunicación y por representantes sindicales señala que únicamente una parte de la flota se encuentra en condiciones óptimas de operación, mientras decenas de trenes permanecen fuera de servicio por falta de refacciones o por requerir mantenimiento mayor, situación que limita la capacidad operativa del sistema.
El estado de la infraestructura representa otro de los principales desafíos. Diversos tramos elevados han requerido intervenciones extraordinarias debido a hundimientos diferenciales, deformaciones estructurales y daños acumulados por décadas de operación continua. Estas condiciones han obligado a realizar obras adicionales que incrementan los costos originalmente previstos y prolongan los tiempos necesarios para recuperar plenamente la capacidad de servicio.
Especialistas en movilidad advierten que la asignación de mayores recursos presupuestales no garantiza por sí misma una mejora inmediata en el funcionamiento del Metro. La adquisición de refacciones, los procesos de licitación, la ejecución de contratos y la complejidad técnica de las obras suelen extenderse durante meses o incluso años. Además, buena parte de la infraestructura enfrenta un rezago histórico derivado de décadas de mantenimiento insuficiente, lo que obliga a ejecutar rehabilitaciones profundas y no únicamente reparaciones preventivas.
A este panorama se suman cuestionamientos sobre la administración de algunos recursos públicos. Diversos reportes periodísticos han documentado contratos y erogaciones vinculadas a actividades sindicales o conceptos que no inciden directamente en la operación ferroviaria, lo que ha generado llamados de especialistas y organizaciones civiles para fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas sobre el ejercicio del presupuesto destinado al sistema.
Las consecuencias recaen directamente en los usuarios. Millones de personas enfrentan diariamente retrasos, saturación de estaciones, tiempos de traslado más largos y mayores costos al recurrir a medios alternativos de transporte cuando ocurren interrupciones del servicio. La presión también se traslada a otros sistemas de movilidad, como Metrobús, RTP y transporte concesionado, que deben absorber parte de la demanda cuando el Metro presenta incidencias.
En los próximos meses, uno de los principales indicadores para evaluar la efectividad de las inversiones será la publicación de los informes de ejecución presupuestal del STC Metro, así como la información derivada de solicitudes de transparencia sobre contratos, compras de refacciones y mantenimiento ejecutado. Paralelamente, indicadores como el número de trenes disponibles, la reducción de averías, el cumplimiento de programas de mantenimiento mayor y la disminución de incidentes operativos permitirán medir si los recursos públicos comienzan a traducirse en mejoras tangibles para los millones de usuarios que dependen diariamente del sistema.