La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó el no ejercicio de la acción penal en la denuncia presentada contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, al concluir que los hechos denunciados no constituían un delito perseguible. La resolución pone fin, al menos de momento, a un caso impulsado por el senador Javier Corral, quien buscó reabrir la investigación mediante una impugnación ante un juez de control.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que la institución no mantiene ninguna investigación abierta contra la mandataria estatal y aclaró que no existe imputación penal vigente en su contra. La denuncia señalaba presuntamente el delito de privación ilegal de la libertad, equiparado a secuestro, en hechos reportados desde 2024.
De acuerdo con la FGJCDMX, el expediente fue cerrado en noviembre de 2025 luego de que el Ministerio Público concluyera que no existían elementos suficientes para acreditar la comisión de un delito. La autoridad sostuvo que, tras el análisis jurídico y ministerial correspondiente, no se encontraron hechos constitutivos de responsabilidad penal que justificaran judicializar el caso.
El senador Javier Corral, actualmente integrante de Morena y exgobernador de Chihuahua, promovió recursos legales para intentar revertir el cierre del expediente. Como parte de ese procedimiento, Maru Campos fue citada a una audiencia relacionada con la impugnación presentada por el legislador, aunque la Fiscalía precisó que ello no implicaba una acusación formal ni una orden judicial en su contra.
La resolución ocurre en un contexto de confrontación política prolongada entre ambos actores. Corral y Campos han mantenido diferencias públicas desde el relevo en el gobierno de Chihuahua, especialmente por investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y disputas sobre el manejo institucional en la entidad. El cierre del caso podría intensificar el debate político entre ambos grupos, aunque jurídicamente la Fiscalía sostiene que el asunto quedó concluido por falta de elementos penales.
La postura de la FGJCDMX también busca frenar interpretaciones sobre una posible persecución política o un proceso judicial abierto contra la gobernadora. Bertha Alcalde enfatizó que la institución actuó bajo criterios estrictamente jurídicos y ministeriales, descartando cualquier acusación activa contra Campos Galván.
No obstante, el caso volvió a colocar bajo escrutinio el uso de denuncias penales en disputas entre actores políticos de alto perfil. Especialistas en derecho y observadores del ámbito público han señalado en distintas ocasiones que la judicialización de conflictos políticos puede generar desgaste institucional y percepción de utilización partidista de los órganos de justicia, especialmente cuando las investigaciones terminan sin judicialización o sin acreditación de delitos.
Hasta el momento, ni la Fiscalía capitalina ni el entorno de la gobernadora han informado sobre nuevos procedimientos relacionados con este expediente. La defensa jurídica de Campos ha sostenido que la denuncia carecía de sustento legal, mientras que Javier Corral mantiene su postura de buscar que el caso sea revisado nuevamente por autoridades judiciales.