Ciudad de México.— El Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso capitalino cuestionó el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada al considerar que privilegia el número de acciones y personas atendidas, pero ofrece información insuficiente para determinar qué resultados concretos produjeron esas políticas, particularmente en materia de salud, salud mental y funcionamiento de las Utopías.
La crítica fue planteada por la diputada panista Liz Salgado, quien señaló que el documento reporta más de 134 mil hogares visitados, 241 mil atenciones directas y más de 162 mil tamizajes para enfermedades crónicas, pero, a su juicio, no desarrolla con suficiente precisión qué ocurrió después de esas intervenciones ni cómo se midió su impacto.
Uno de los principales cuestionamientos se concentra en la atención del cáncer de mama. De acuerdo con la legisladora, el informe refiere más de dos mil jornadas y establece como objetivo alcanzar 500 mil mastografías, pero no desglosa con claridad cuántos estudios fueron efectivamente realizados, cuántos arrojaron resultados sospechosos, cuántas pacientes recibieron confirmación diagnóstica y cuántas llegaron finalmente a tratamiento.
La observación adquiere relevancia porque el seguimiento de una política sanitaria no depende únicamente del número de personas alcanzadas, sino también de la continuidad de la atención. En ese sentido, el PAN planteó que indicadores como diagnósticos confirmados, canalizaciones, tratamientos iniciados y resultados clínicos permitirían evaluar de manera más precisa la eficacia de las acciones reportadas.
La salud mental también forma parte de los señalamientos. Salgado cuestionó que se informe que más de un millón de personas fueron atendidas o alcanzadas mediante acciones relacionadas con este rubro, sin que, según su señalamiento, exista suficiente información pública sobre la continuidad de los casos, las canalizaciones a servicios especializados o los resultados obtenidos después de la primera intervención.
Otro punto bajo escrutinio son las Utopías, uno de los programas emblemáticos de la administración de Brugada. El informe reporta ocho espacios inaugurados, cuatro concluidos y 18 en proceso, además de alrededor de 1.5 millones de usuarios; sin embargo, el PAN pidió mayor precisión sobre qué servicios fueron utilizados y cómo se contabiliza a las personas usuarias, particularmente para distinguir entre individuos y accesos acumulados.
El señalamiento opositor contrasta con la información oficial presentada por el Gobierno capitalino, que entregó el Segundo Informe al Congreso de la Ciudad de México el 1 de septiembre. El documento está integrado por un informe general, resumen ejecutivo, anexo estadístico y un informe correspondiente a las 16 alcaldías, estructurados en siete ejes de gobierno.
La entrega del documento abrió formalmente una nueva etapa de revisión legislativa. El Congreso capitalino estableció que las comparecencias de funcionarios forman parte del proceso de glosa, mecanismo mediante el cual las y los legisladores pueden solicitar explicaciones, contrastar cifras y cuestionar los resultados reportados por las distintas dependencias.
En este contexto, la postura del PAN anticipa que el debate no se limitará a las cifras generales del informe, sino que buscará trasladar la discusión hacia indicadores de cumplimiento y resultados. La dirigencia y la bancada panista han adelantado cuestionamientos en áreas como seguridad, movilidad, salud, educación, empleo y despojo, con la intención de contrastar los datos gubernamentales con sus propios indicadores.
La discusión coloca así uno de los principales retos de la rendición de cuentas: pasar de contabilizar acciones, jornadas o personas atendidas a demostrar qué cambios produjeron esas intervenciones. Mientras el Gobierno capitalino presenta el informe como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la oposición reclama información que permita medir sus efectos y verificar si la cobertura reportada se tradujo en soluciones efectivas.