CIUDAD DE MÉXICO. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió activar los mecanismos legales y parlamentarios previstos en el marco constitucional si Rubén Rocha Moya no revierte de inmediato su regreso a la gubernatura de Sinaloa.
La legisladora afirmó que el rechazo a la reincorporación del mandatario sinaloense coloca a la República ante una encrucijada política e institucional que, a su juicio, exige una respuesta de los órganos del Estado.
“El rechazo unánime al regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa pone en una encrucijada a la República”, escribió López Rabadán en su cuenta oficial de X.
En el mismo mensaje añadió que, si el gobernador no da marcha atrás, deben activarse los procedimientos contemplados en la ley para analizar una eventual desaparición de poderes en la entidad.
La diputada calificó esa posibilidad como una decisión trascendente, pero necesaria ante la dimensión del conflicto político generado por el retorno de Rocha Moya al Ejecutivo estatal.
Un procedimiento de carácter excepcional
La desaparición de poderes es una figura extraordinaria regulada por la fracción V del artículo 76 constitucional y su ley reglamentaria. Su análisis corresponde al Senado de la República y no opera de manera automática por un pronunciamiento político.
El marco normativo exige revisar si se configuran los supuestos legales y constitucionales aplicables. En caso de proceder, la Cámara alta tendría que desarrollar el trámite correspondiente y adoptar las determinaciones previstas para restablecer el orden institucional.
El planteamiento de López Rabadán abre así un debate que trasciende a la Cámara de Diputados y coloca el foco en las atribuciones del Senado, además de las responsabilidades de las autoridades locales y federales.
Presión política sobre el gobernador
La presidenta de San Lázaro no informó en su mensaje sobre la presentación inmediata de una solicitud formal, pero dejó claro que considera insuficiente mantener únicamente el rechazo político al regreso del mandatario.
Su postura se suma a las expresiones que han cuestionado la reincorporación de Rocha Moya y que demandan certeza jurídica, rendición de cuentas y condiciones de gobernabilidad para la población de Sinaloa.
López Rabadán sostuvo que la respuesta institucional debe mantenerse dentro de la legalidad y de las facultades del Congreso, debido a que una decisión de esta magnitud tendría consecuencias para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad.
El llamado coloca ahora la discusión en el terreno parlamentario: determinar si existen elementos para iniciar alguna ruta formal y, en su caso, qué autoridades están facultadas para intervenir conforme a la Constitución.