La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una nueva fase de la estrategia para combatir el delito de despojo mediante ocho acciones orientadas a fortalecer la prevención, la investigación, la restitución de inmuebles y el combate a la corrupción. Durante un mensaje en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sostuvo que la administración capitalina actuará «con todo el peso de la ley» para impedir que organizaciones delictivas o particulares se apropien ilegalmente del patrimonio de las familias.
Entre las medidas anunciadas destaca la creación de un programa permanente de regularización patrimonial, escrituración, registro notarial y sucesión de propiedades, con el propósito de reducir los factores que facilitan conflictos legales sobre la posesión de inmuebles. Asimismo, adelantó la creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que brindará acompañamiento especializado a personas afectadas y dependerá de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Otro de los ejes de la estrategia contempla la reducción de los tiempos de actuación institucional. De acuerdo con la mandataria, se establecerán nuevos plazos para la restitución de inmuebles y la judicialización de los casos, con metas de 15 y 30 días, respectivamente. También se implementará un protocolo único de atención para las denuncias de despojo que permita coordinar la actuación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y otras dependencias involucradas.
El plan también incorpora un componente de inteligencia para identificar patrones delictivos y posibles organizaciones dedicadas al despojo de propiedades, en lugar de atender únicamente los casos de forma aislada. Como parte de esta estrategia, la Contraloría General contará con un equipo especial de control interno encargado de investigar, auditar y sancionar posibles actos de corrupción o colusión de personas servidoras públicas relacionadas con este delito.
En materia preventiva, el Gobierno capitalino difundirá una cartilla con un decálogo de recomendaciones para proteger el patrimonio inmobiliario. Entre las principales sugerencias se encuentran mantener actualizada la documentación del inmueble, registrar voluntariamente la propiedad, activar la alerta inmobiliaria en el Registro Público de la Propiedad, regularizar inmuebles heredados, formalizar contratos de arrendamiento o préstamo, conservar pruebas de posesión y denunciar de inmediato cualquier intento de ocupación ilegal.
Como parte del fortalecimiento institucional, Clara Brugada propuso además la elaboración de un informe semestral que permita evaluar públicamente los resultados de la estrategia y las acciones implementadas. La mandataria sostuvo que la incidencia del delito se ha mantenido estable desde 2019, con un promedio de entre 10 y 11 casos diarios, aunque reconoció la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, investigación y restitución para evitar afectaciones patrimoniales.
Durante la presentación, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que el Gabinete contra el Despojo ha atendido mil 32 asuntos, de los cuales 388 fueron catalogados como presuntos casos de despojo. Derivado de estas investigaciones, se han concretado 185 restituciones de inmuebles y 84 aseguramientos, mientras que los restantes expedientes corresponden a conflictos de carácter civil.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que la corporación mantiene un protocolo de reacción inmediata para atender denuncias recibidas a través del número de emergencias 911 y la línea telefónica especializada. Indicó que durante 2026 han sido detenidas 46 personas por el delito de despojo y señaló que la policía de cuadrante tiene la instrucción de responder en menos de tres minutos para verificar si existen elementos de flagrancia que permitan actuar conforme a la ley.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, propuso crear una Unidad Especializada integrada por 20 jueces para agilizar la atención de estos casos, además de establecer un registro institucional de inmuebles afectados y áreas especializadas para detectar procedimientos judiciales simulados. Aunque el anuncio representa un nuevo esfuerzo institucional para enfrentar un delito que impacta directamente el patrimonio de miles de familias, el reto será traducir las nuevas medidas en resultados verificables, reducir los tiempos de resolución y garantizar que las acciones anunciadas se reflejen en una disminución efectiva de la impunidad.
Fuentes institucionales: Gobierno de la Ciudad de México; Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); Consejería Jurídica y de Servicios Legales; Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).