El presidente del Congreso de la Ciudad de México condenó los daños y pintas realizadas al edificio histórico del Poder Legislativo capitalino, presuntamente por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al tiempo que reafirmó el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la protesta social, pero sin afectar el patrimonio público ni las instituciones democráticas.
En un posicionamiento oficial fechado el 20 de junio de 2026, la presidencia del Congreso subrayó que las manifestaciones sociales y la libre expresión son derechos fundamentales protegidos por la Constitución, los cuales forman parte esencial de la vida democrática del país y han acompañado históricamente la construcción del debate público.
No obstante, el documento enfatiza que el ejercicio de estos derechos no puede implicar actos de vandalismo ni daños a bienes públicos. En este sentido, calificó como “lamentables” las afectaciones al inmueble histórico que alberga la sede legislativa, señalando que estas acciones deben ser condenadas de manera clara y categórica.
El Congreso recordó que su sede no pertenece a una fuerza política en particular ni a una administración en turno, sino que forma parte del patrimonio histórico de la Ciudad de México y representa a uno de los poderes públicos encargados de dar voz a la ciudadanía.
Asimismo, se advirtió que este tipo de expresiones violentas pueden desviar la atención de las demandas de fondo y generar confrontación con la ciudadanía, debilitando la legitimidad de las causas sociales que buscan visibilizarse mediante la protesta.
El posicionamiento también sostuvo que la defensa de los derechos laborales del magisterio debe desarrollarse dentro del marco de la legalidad, el respeto a los derechos de terceros y la preservación del patrimonio cultural e histórico, como condición para una convivencia democrática.
En materia legal, la presidencia del Congreso informó que se presentarán las denuncias correspondientes por los daños ocasionados, al considerar que la investidura institucional también implica la obligación de proteger los bienes públicos que resguardan la función legislativa.
Finalmente, el Congreso capitalino reiteró su disposición permanente al diálogo con todos los sectores sociales, al tiempo que hizo un llamado a que futuras manifestaciones se realicen sin actos de violencia ni afectaciones a inmuebles históricos, privilegiando siempre las vías institucionales.